El Ayuntamiento debe asumir 619.670 euros por las pérdidas de la piscina cubierta

El Ayuntamiento de Villena debe asumir 619.670 euros que la empresa adjudicataria del servicio de la piscina cubierta municipal reclama en concepto de subvención, para mantener el equilibrio económico que establece el pliego de condiciones.

Las pérdidas en el primer año de gestión de la piscina ascienden a más de 600.000 euros, y tal y como ha manifestado el alcalde de Villena, Javier Equembre, “esta cantidad es inasumible para el Ayuntamiento, por lo que estamos negociando con la empresa las fórmulas para hacer frente a este pago”.

El equipo de gobierno ha propuesto varias medidas, desde modificar el horario y las tarifas de acceso a las instalaciones deportivas,  pasando por incrementar la concesión de las instalaciones de los cuarenta años actuales a cincuenta, prorrogar el contrato por los meses que ha estado inactivas las instalaciones, de octubre de 2011 a marzo de 2012, así como modificar el actual contrato.

Esquembre denunció que el Partido Popular vendió a los villenenses que las instalaciones deportivas y piscina cubierta iban a salir gratis a los ciudadanos, porque a la empresa se le cedía el suelo. “Entonces el PP mintió, porque los ciudadanos tendrán que pagar al menos 300.000 euros todos los próximos cuarenta años, porque el estudio de viabilidad estaba sobredimensionado y no se ajustaba a la realidad. Celia Lledó tendrá que explicar porque se firmó un acuerdo tan perjudicial para los intereses locales”, afirmó el alcalde.

En la memoria anual de gestión presentada por la empresa, se establece que con los ingresos actuales, difícilmente la piscina dejará de ser deficitaria. El edil de Deportes, Pablo Juan Martínez, indicó que hasta el 2050 los villenenenese, “seguirán pagando los aires de grandeza de Celia Lledó”.

Manifestó que puesto que el Ayuntamiento debe pagar unas pérdidas tanto si las instalaciones están abiertas como si están cerradas, están estudiando la posibilidad de llegar a acuerdos con asociaciones sociosanitarias o centros educativos, para usar dichas instalaciones “y que sea más beneficioso para la ciudadanía”.