Villena estudia reclamar judicialmente los intereses por el abono a año vencido del Contrato Programa de Servicios Sociales

El Ayuntamiento de Villena ha denunciado la decisión de la Conselleria de Servicios Sociales de abonar el Contrato Programa correspondiente a 2025 mediante un confirming a realizar en 2026. Esta fórmula financiera, que difiere el pago de 1,3 millones de euros, obliga a las entidades locales a adelantar fondos propios para sostener servicios que son competencia autonómica.

El alcalde, Fulgencio Cerdán, advirtió de que esta práctica “pone en peligro los servicios sociales municipales” y que, aunque Villena cuenta con una situación financiera saneada, otros municipios con menor liquidez no podrán hacer frente al gasto, comprometiendo la atención a los colectivos más vulnerables.

En respuesta, el consistorio ha encargado un estudio jurídico para valorar la reclamación de los intereses de demora generados por el retraso en los pagos de los ejercicios 2024 y 2025. Cerdán subrayó la doble vara de medir de la Conselleria, que sí exige intereses cuando los ayuntamientos no ejecutan subvenciones a tiempo. En consecuencia y aplicando la reciprocidad de las acciones, Villena entiende que puede reclamar los mismos intereses por el retraso del abono que ya ha confirmado el Consell con la emisión del pago diferido a año vencido de un personal que le corresponde a la Conselleria.  

Silvia Gómez, diputada autonómica socialista, denunció que esta estrategia forma parte de un plan de privatización encubierta de los servicios sociales. Según explicó, la modificación de la Ley de Servicios Sociales permitiría ceder la gestión a entidades privadas, con menos personal, peor atención y mayor precariedad.

En este contexto, Villena ha duplicado su plantilla de Servicios Sociales desde 2021, pasando de 11 a 20 profesionales, con previsión de contratar tres más en 2026. Sin embargo, el mantenimiento de este equipo depende de una financiación autonómica que no está llegando en tiempo ni forma.

Finalmente, la diputada Charo Navalón acusó al actual gobierno del PP y Vox de aplicar políticas que “debilitan los derechos sociales” y anunció una batería de iniciativas para revertir esta situación, tras mantener encuentros con técnicos, alcaldes y asociaciones afectadas en la comarca del Alto Vinalopó.