Piden que se retomen los controles policiales a las plantas de residuos

Una única vez se han desplazado los agentes de la Policía Local a realizar controles en las entradas de las plantas de residuos ubicadas en la población, pese a que el acuerdo aprobado en Pleno establecía que los mismos se deberían haber realizado a lo largo, de al menos, un mes.

La edil Verde, Catalina Hernández, ha afirmado que su grupo ha solicitado la reanudación de estos controles, denunciando que en el tema de los residuos la alcaldesa, Celia Lledó y su equipo de gobierno está relentizando las gestiones, ofreciéndoles como única vía para intentar ejecutar los acuerdos, la vía judicial.

Entre los asuntos sin ejecutar, Hernández, ha recordado que no se sabe nada de los informes que deben emitir los técnicos en el contencioso contra VAERSA, la empresa que gestiona la planta de residuos sólidos urbanos, nada sobre el estudio olfatométrico ni sobre las catas.

Para Catalina Hernández la situación se complica más para Villena tras la imputación del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, en su supuesto caso de adjudicación “a dedo de la gestión de la planta de residuos de Orihuela, puesto que también es él el presidente del consorcio de residuos donde se encuentra la de Villena. En junio tenía que haber convocado una reunión para adjudicar la gestión de la planta ubicada en nuestro término, que no se ha realizado”.

Los Verdes también han solicitado una reunión para hablar sobre la reordenación del tráfico en la calle Luciano López Ferrer. “No vamos a votar si permanece abierta la calle o cerrada, porque eso ya se votó, sino responder a las dudas de los vecinos y buscar una solución, acercar las posturas. Esta calle debería abrirse al tráfico de lunes a viernes y cerrarla los fines de semana o en momentos extraordinarios”, añade Catalina Hernández.

La edil ha adelantado que la UTE encargada de la construcción de la Plaza de Toros ha pasado al Ayuntamiento la séptima certificación de obra de unos 230.000 euros, “y la Generalitat sigue sin pagar certificaciones”. El Ayuntamiento ha pagado una de estas certificaciones  que asciende a 450.000 € y ha pasado para que sea cobradas el resto que ascienden a 930.000 €. “Nos preguntamos cuanto tiempo más podrá aguantar el Ayuntamiento asumiendo estas certificaciones de obras, que además, a partir de ahora va a ser el banco el que reclame esta deuda y no la empresa”.