10 empresas se interesan por la construcción de la Plaza de Toros y aparcamiento subterráneo
- 3 junio, 2009
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Desde ayer y hasta el próximo 23 de julio las empresas interesadas en la construcción de la Plaza de Toros y el aparcamiento subterráneo y la gestión de éste último pueden presentar sus ofertas en el Ayuntamiento. La edil de Patrimonio, Mª José Hernández, ha adelantado que el 28 de julio se realizará la primera mes de contratación con la apertura de sobres con las propuestas presentadas.
Señala que han sido muchas las empresas que han mostrado interés por construir la Plaza de Toros, más de 10 hasta la fecha, “porque es un proyecto de renombre, avalado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y que una vez concluidos los trabajos dispondremos del mayor recinto cerrado de toda la provincia, donde se podrán realizar mitines, por ejemplo”.
En el mes de agosto comenzará la remodelación del coso, con 4.000 localidades y con un plazo de 24 meses para su finalización.”El proyecto no se ha reducido por la crisis, sino por cumplir la normativa vigente sobre medidas de evacuación, espacios mínimos entre localidades o acceso a minusválidos”, comenta Hernández, quien insiste en que 15 millones de euros- en los que se ha valorado el proyecto- da para generar muchos puestos de trabajo
La concejal popular comenta que no va a consentir que la noticia sea que el PSOE lleva a la fiscalía de anticorrupción el proyecto de la Plaza de Toros, “porque son suposiciones de los socialistas, cuando llevamos dos años trabajando en trámites, cumpliendo todos los plazos y ajustándonos a la legalidad, no como otros”
PSOE
El portavoz socialista, Carlos Beltrán, ha afirmado que el proyecto lo van a llevar a la fiscalía anticorrupción porque ven indicios de ilegalidad en el mismo, tanto en el proyecto básico presentado a la Generalitat, como en el pliego de condiciones para su adjudicación, “también tenemos dudas en cómo se realizó la eliminación del graderío y en la certificación de fin de obras”.
Los socialistas insisten en que tendrá que ser la fiscalía la que determine si hay ilegalidades o las actuaciones están conforme a ley.