Reabren la causa contra Celia Lledó por un presunto delito de prevaricación

El Juzgado de Instrucción número 2 de Villena ha reabierto la causa contra la  exalcaldesa Celia Lledó por un presunto delito de ordenación del territorio y  prevaricación urbanística tras la denuncia realizada en 2010 por los cinco exconcejales del Partido Popular – Juan Richart, Juan Carlos Pedrosa, Mª Paz Poveda, Virtudes Amorós y Adela Serra- por la construcción en 2007 de una piscina en una casa rural -propiedad de un empresario local muy vinculado a la exalcaldesa- situada en el paraje de San Juan sin disponer, supuestamente, de la perceptiva autorización municipal.

El ahora concejal de VCD (Villena Centro Democrático), Juan Richart, explicó que no autorizó la construcción de la balsa siendo concejal de Obras en el gobierno de  Lledó, “al tratarse de una zona protegida de la huerta, por lo que  inicié un expediente de infracción urbanística que, misteriosamente, desapareció del Ayuntamiento.

En marzo de 213 el Juzgado decretó el sobreseimiento  provisional del auto, sin embargo la Fiscalía interpuso un recurso de apelación al considerar que los “hechos que dieron origen a la causa  revisten los caracteres de delito de prevaricación urbanística y puede ser constitutivos de infracción penal”. El juzgado, ahora, ha solicitado la reapertura del caso y que se practiquen las diligencias oportunas.

La concejala del Partido Popular y exalcaldesa de Villena, Celia Lledó, en un comunicado indicó que era falso que el expediente haya desaparecido del Ayuntamiento “de hecho, a día de hoy sigue sin resolverse, porque el propio tripartito ha declarado la caducidad del expediente en acuerdo de Junta de Gobierno Local de 2 de diciembre de 2013 por la inactividad del concejal de Inspección Urbanística, que casualmente hasta septiembre de 2013 era mismo Richart”. Lledó subrayó que el único fin de estas declaraciones es “dañar mi honor” y recordó que la denuncia  se produjo  “en enero de 2010 cuando expulsados del Partido Popular y cesados en sus competencias y sueldos, Juan Richart y cuatro compañeros se convirtieron en concejales tránsfugas”. Asimismo, calificó de “absurda” la denuncia “al ser el concejal de Inspección Urbanística el que acusa a su propia alcaldesa de no haber tomado resolución alguna, en un tema que era su competencia”.