El Ayuntamiento reclama a la anterior concesionaria del servicio de agua más de dos millones de euros

El Ayuntamiento de Villena reclama a la anterior empresa concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado-  UTE Viarsa, Aguas y Servicios Urbanos, Saico SA de construcciones y servicios y Aguas de Valencia SA- más de dos millones de euros en concepto de liquidación del contrato de gestión.

El concejal de Servicios, Juan Richart, comentó que ayuntamiento y empresa, no han llegado a un acuerdo, ya que esta última exige al consistorio el pago de casi tres millones de euros, “por lo que el juzgado tendrá que establecer quién tiene la razón en este tema”.

Recordó que la anterior adjudicataria del servicio ha cesado en la gestión y explotación del mismo en cumplimiento de una sentencia judicial que obliga a adjudicar la concesión a otra empresa, Aqualia, actualmente

El Ayuntamiento considera que existen una serie de obras que la UTE no ha ejecutado y que se recogía en la oferta presentada para la adjudicación, como el equipamiento electromecánico del pozo “La Anímas”.

Richart indicó que los técnicos municipales refrenda  que el importe a liquidar al Ayuntamiento por parte de la anterior concesionaria es de 2.678.398 euros, importe que reclaman a la empresa..

El concejal de Servicios comentó que la actual concesionaria del servicio de agua potable y alcantarillado, Aqualia, presentó un escrito en el Ayuntamiento solicitando que se le exima del pago del canon establecido por el Ayuntamiento por el suministro de agua potable, argumentando que no podía asumir este coste, unos 150.000 euros al año.

Juan Richart recordó que la oferta que presentó Aqualia es de 2004, y que la situación económica es distinta, “además, no se han cumplido muchas de las previsiones que en esta oferta se plasmaron. Hace nueve años, se preveía que tanto el polígono industrial Casa del Padre, como la zona del mercado estaría en pleno funcionamiento cosa que no ha sido así”.

El concejal de servicios añadió que los técnicos elaborarán un informe asesorando al equipo de gobierno sobre lo que tienen que hacer. “Si el informe es desfavorable para la empresa, creo que tendríamos que rescindir el contrato y sacar de nuevo la adjudicación del servicio”, afirmó Richart.