Villena pide en el Congreso un mayor control a las macroplantas solares para proteger su territorio

El portavoz de Los Verdes en Villena, Francisco Iniesta, ha presentado una moción al pleno de diciembre para instar a los gobiernos estatal y autonómico a revisar la normativa que regula la implantación de energías renovables, especialmente las plantas fotovoltaicas, con el objetivo de frenar su impacto ambiental en zonas sensibles del municipio.

Según Iniesta, la propuesta surge tras reuniones mantenidas hace un mes en el Congreso de los Diputados con representantes de Compromís, donde se abordó la ordenación del territorio y el despliegue de energías limpias. La moción reproduce el contenido de una proposición no de ley registrada el pasado 10 de diciembre, con la que se busca mantener el debate abierto tanto a nivel local como nacional.

Entre los motivos, Iniesta ha señalado que desde 2020 se han autorizado tres grandes proyectos fotovoltaicos en Villena, lo que evidencia un uso intensivo del suelo que podría agravarse si no se revisan los criterios actuales. A su juicio, aún hay margen para modificar los decretos estatales que simplifican la instalación de estas infraestructuras, introduciendo requisitos más estrictos en coordinación con las comunidades autónomas.

La moción plantea cuatro peticiones concretas. La primera, modificar la normativa estatal para endurecer los procedimientos de autorización. En segundo lugar, revisar los proyectos que afectan a espacios protegidos como zonas ZEPA, LIC o Red Natura 2000, exigiendo estudios de impacto ambiental más rigurosos.

En tercer lugar, se solicita revisar las autorizaciones concedidas a proyectos que amenazan ecosistemas frágiles o especies en peligro de extinción, como ocurre, según Iniesta, con las instalaciones proyectadas en la Sierra de Salinas. Por último, se reclama paralizar los proyectos que tengan recursos en curso, ya que una vez autorizados, revertirlos resulta extremadamente difícil.

La iniciativa busca que estas demandas sean trasladadas tanto al Gobierno de España como al Consell, como medida para proteger el territorio y garantizar una transición energética equilibrada y respetuosa con el medio ambiente.