El PP estudia presentar alegaciones a la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana

  • 6 abril, 2017
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El PP estudia presentar alegaciones a la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana

El Partido Popular está estudiando presentar alegaciones a la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana que se aprobó en el último Pleno con los votos en contra de los populares y el apoyo de Los Verdes y el PSOE.

La portavoz popular, Ana Más, lamentó las prisas del equipo de gobierno de Los Verdes en aprobar esta ordenanza «que es una norma sancionadora y que con la que no han contado con la opinión ni del Foro Económico y Social ni a la Federación de Asociaciones de Vecinos. Así minutos antes de su aprobación el equipo de gobierno presentó un informe y una nueva modificación». Por otro lado, subrayó que el equipo de gobierno debería haber buscado el consenso antes de aprobar la nueva normativa.

La portavoz popular incidió en el hecho de que en el último Pleno el alcalde de Villena, Javier Esquembre, suspendió el mismo a las doce de la noche respetando el principio de unidad de acto, que establece que los Plenos deben comenzar y terminar el mismo día. Ana Más señaló que de este modo, no se trató una moción del PP ni los ruegos y preguntas de la oposición al equipo de gobierno.

En cuanto a los temas abordados en la sesión plenaria, los populares se opusieron a incluir a la población en la Zona 30 lo que supone que en el casco urbano no se podrá  circular a más de 30 kilómetros.

En cuanto a los expedientes de modificación de crédito para que puedan cobrar los proveedores municipales, los populares votaron en contra de una factura de 67.000 euros correspondiente al concejal del Ciclo del Agua, «porque recoge las actuaciones  hechas con oscurantismo en el pozo San Francisco, puesto que no existe ningún expediente que aclare el trabajo realizado por Antonio Pastor», explicó Ana Más.

Por otro lado, la edil popular indicó que el Interventor alertó de la contratación de personal por parte del gobierno de Los Verdes a través de empresas sin haber convocado el equipo de gobierno un concurso público.

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