La Sindicatura de Comptes sitúa a Villena entre los tres ayuntamientos con peor control interno

  • 16 diciembre, 2016
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La Sindicatura de Comptes sitúa a Villena entre los tres ayuntamientos con peor control interno

El 93,3 % de los ayuntamientos valencianos de entre 30.000 y 50.000 habitantes no estima el coste ni la financiación del mantenimiento de sus inversiones, y todos incumplen la obligación de suministrar información a la base de datos nacional de subvenciones.

Estas son algunas de las incidencias más frecuentes recogidas en el Informe Global sobre Control Interno de los Ayuntamientos Valencianos comprendidos en dicho tramo de población, que ha publicado la Sindicatura de Comptes referido al ejercicio de 2014, ha informado este organismo en un comunicado.

Dentro de la función fiscalizadora del sector público valenciano que las leyes atribuyen a la Sindicatura, este Informe recoge de forma global un análisis del control interno de los ayuntamientos y de las principales áreas de riesgo y sus causas, así como las incidencias relevantes más frecuentes.

El análisis publicado comprende los ayuntamientos de Alaquás, Aldaia, Alzira, Burriana, Burjassot, Denia, Jávea, La Vall d’Uixó, Manises, Mislata, Ontinyent, Petrer, Santa Pola, La Vila Joiosa y Villena.

Cada uno de ellos ya había sido objeto de informes individuales, publicados previamente con las correspondientes recomendaciones, han destacado las mismas fuentes.

La Sindicatura de Comptes considera que los tres ayuntamientos con mejor control interno de entre los fiscalizados son Alzira, La Vila Joiosa y Manises, mientras que los peor evaluados han sido Villena, Santa Pola y Aldaia.

Por áreas, la mejor evaluada ha sido la de gestión administrativa, si bien en muchos casos se ha detectado la falta de un inventario adecuado que recoja todos los bienes de la entidad.

Por contra, el área de entorno tecnológico ha sido la que ha obtenido la peor calificación como consecuencia, en general, de la falta de un plan estratégico o de un plan anual de proyectos, la ausencia de auditorías sobre la protección de datos o la falta de los documentos de seguridad exigidos por la legislación vigente. 

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