La dolorosa factura de la luz

Javier Martínez, edil de Urbanismo

De un país como el nuestro, que viene de haber generado un “impuesto al sol” y de una liberalización del sector un tanto peculiar, creo que no hace falta que diga que en materia energética, todavía nos queda mucho por interiorizar para estar al nivel de otros países vecinos.
Quizá por esto, le tenemos cierta aversión subliminal a lo energético, producción inclusive. O quizá porque estamos tristemente acostumbrados a asociar todo lo que suene a energía a la cada vez más dolorosa factura de la luz y a las peleas con compañías que hacen de poner una reclamación una odisea, sea como fuere.

Pero lo cierto es que para que en esta era de comodidades podamos enchufar y disfrutar nuestros infinitos aparatos, hacen falta infraestructuras que satisfagan la voraz demanda de vatios de nuestra sociedad y la evolución de las tecnologías que permiten las energías renovables parece que tristemente haya dado patente de corso a algunos para olvidar aquello de la reducción de consumo y que lo único que haya que mirar en materia de lo que nos cuesta sea los euros que pagamos, obviando todo lo que realmente cuesta producir esa energía.
Es entonces cuando salta a la palestra la noticia de que las compañías energéticas plantean proyectos de fotovoltaicas a granel en nuestra zona, y ahí es cuando ponemos cara y ojos a esos costes, que no se pagan desde el bolsillo, sino desde el medio ambiente y el paisaje. Aunque haya cosas que duelan tanto como la factura de cada uno.

Lo doloroso, sin embargo, no es que se ocupen hectáreas que antes estaban destinadas al campo, sino que esas fincas lleven lustros sin explotarse al no haber generaciones que recojan el testigo, o peor aún, que explotándose, no logren un rendimiento mayor que el que supondría un alquiler pagado por ubicar allí las placas solares. Así es difícil que alguien se resista y no entregue sus tierras a la causa.

Y es que, en lo pecuniario, el que se ubiquen las fotovoltaicas en la zona es una grata noticia, los propietarios del terreno obtienen un rendimiento de unas tierras que en su mayoría no tienen capacidad o interés de explotar, la administración local, primero con la instalación y luego con los tributos anuales de las sociedades, recauda una cuantía elevada de dinero que permite generar inversiones que de otro modo quizá no tendrían cabida, y el municipio en su conjunto, también recibe inversiones directas por parte de las promotoras de los proyectos en forma de inversiones medioambientales compensatorias.

El negocio es redondo para todos los que solo miran el dinero. Ahora lo que necesitamos es fiscalizar y acotar bien dónde se han de ubicar. Porque lo que importa no es obtener beneficios a toda costa, sino guardar el equilibrio entre aquello que recibimos y lo que tenemos que entregar a cambio.